"Juntos, estamos escribiendo la historia" para apoyar "medidas climáticas más valientes y fuertes que tanto necesita el mundo" declaró el secretaria general de la ONU, Antonio Guterres.
Hace unos días, el IPCC volvió a confirmar que el calentamiento global va camino de alcanzar el 1.5ºC en el periodo 2030-2035 sino actuamos de manera rápida. De esta manera, estaríamos superando el objetivo más ambicioso del Acuerdo de París, con muchos años de antelación.
Con esta advertencia, IPCC exhortaba a la aceleración de los esfuerzos para reducir nuestro impacto en el clima, subrayando la urgencia extrema de actuar para garantizar un "futuro vivible" para la humanidad.
Necesitamos cambios rápidos, profundos y sistémicos. Y, en esta línea, este miércoles 29 de marzo, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha adoptado una resolución que puede modificar el status quo actual, al pedir el parecer de la justicia internacional sobre las obligaciones de los estados en materia de lucha contra el cambio climático.
En efecto, aunque los compromisos nacionales de los Estados para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el marco del Acuerdo de París (NDC) no son vinculantes, la resolución subraya la importancia de otros textos internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que generan obligaciones jurídicas a los Estados firmantes.
Esta resolución llega tras años de campaña del archipiélago de Vanuatu, que se enfrenta a pérdidas importantes desde hace años por la subida del nivel del mar consecuencia del calentamiento global , y ha contado con el apoyo de más de 130 Estados.
La ONU insta a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) a fijar las responsabilidades de los países en la protección del sistema climático "para las generaciones presentes y futuras" asegurando que nos encontramos ante ”un desafío sin precedentes para la civilización".
Aunque los dictámenes de la CIJ, el órgano judicial de la ONU, no son vinculantes, tienen un importante peso jurídico y moral, y a menudo son tenidos en cuenta por los tribunales nacionales. Es un avance crucial a nivel mundial ya que puede servir como "guía" para los tribunales nacionales que comienzan a enfrentarse con mayor frecuencia a acciones legales contra los Estados por las pérdidas y daños generados por su falta de acción climática (por ejemplo, los casos abiertos contra los Estados de Francia y Suiza en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos).
La resolución sitúa los derechos humanos y la equidad intergeneracional en el centro de la acción frente al cambio climático. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha declarado en relación al futuro dictamen de la CIJ que “tendrá un enorme potencial para enfocar más claramente tales obligaciones, incluso hacia las personas en situaciones vulnerables, y en la cooperación internacional, así como para brindar orientación para las políticas y los litigios futuros. Esto podría ser un catalizador importante para la acción climática urgente, ambiciosa y equitativa que se necesita para detener el calentamiento global y limitar y remediar los daños a los derechos humanos inducidos por el clima”.
Los promotores de la iniciativa, estiman que en dos años la CIJ presente un dictamen que reclame la necesidad de acelerar la acción climática de los Estados, ya sea por iniciativa propia o mediante acciones legales contra los mismos.
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Fuente: AmbiciónCOP
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