Según datos de las Naciones Unidas, en torno a 1.000 millones de personas no tienen acceso al agua potable. Los desafíos aumentarán significativamente en los próximos años porque está mal distribuida, contaminada, desperdiciada, o por su uso incorrecto o injusto, a lo que se unirán las consecuencias del cambio climático.
La gestión sostenible de este recurso natural es un desafío de orden social, económico y ambiental, pero sobre todo, de naturaleza ética a partir del principio del destino universal de los bienes de la tierra, el cual es un derecho natural, originario, al que se debe subordinar todo ordenamiento jurídico relativo a dichos bienes. La Doctrina Social de la Iglesia insiste en la validez y en la aplicación de este principio, con referencias explícitas al agua.[2]
El agua es fundamental para gestionar un medio de vida y para disfrutar de determinadas prácticas culturales. Sin embargo, se debe dar prioridad al derecho de utilizarla para fines personales y domésticos. También deberían ser prioritarios los recursos hídricos necesarios para evitar el hambre y las enfermedades, así como para cumplir las obligaciones fundamentales.
Cambio climático
Por otro lado, el cambio climático es un problema que afecta a todo el planeta, pero no todos los países sufren sus consecuencias de la misma manera, y no tienen la misma capacidad de respuesta y de protección ante su amenaza.
En este sentido, debemos ser conscientes de que serán los países en situación de pobreza los que sentirán más el impacto del calentamiento global y las personas de estas comunidades verán más reducido su acceso a la sanidad o a aspectos tan esenciales como el agua.
Además, el cambio climático está provocando un aumento en las sequías, los huracanes, las inundaciones y demás desastres naturales, que ponen en riesgo a los productores de los países en situación de pobreza. Al depender de sus cosechas para sobrevivir, todos estos problemas climáticos aumentan su riesgo de seguir en la pobreza, de padecer hambrunas o de verse devastadas por enfermedades.[3]
En este sentido, el encarecimiento de los alimentos es uno de los puntos más preocupantes sobre el que afecta el cambio climático en relación con la desigualdad social: con un índice de sequías o de inundaciones más elevado, la cantidad de cosechas perdidas aumenta de forma exponencial. Esto produce una subida de los precios y, por consiguiente, miles de personas tendrán más dificultades para poder alimentarse de forma apropiada.
Para evitar estas situaciones es fundamental que se impulsen políticas agrarias sostenibles, adaptadas a la climatología de cada zona y, sobre todo, económicamente responsables para garantizar los derechos esenciales de los productores y productoras de estos países.
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